Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanosdel Poder Judicial del Estado de Tamaulipas

En una acción conjunta orientada al conocimiento y socialización del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el pasado martes 20 de junio se puso en marcha el Seminario denominado “Análisis del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, a convocatoria de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela Federal de Formación Judicial Extensión Victoria y el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Inauguraron dicho programa el Maestro David Cerda Zúñiga, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas; el Magistrado Guillermo Cuautle Vargas del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y del Trabajo; el Magistrado Carlos Martín Hernández Carlos del Segundo Tribunal Colegiado en materias Administrativa y Civil, así como el Licenciado Jorge Vega Zapata, Director de la Casa de la Cultura Jurídica con sede en Ciudad Victoria.

Cabe señalar que jueces y personal en materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado adscritos a los diversos distritos judiciales participarán en dicho seminario, como parte de la agenda de preparación y profesionalización continua que asumen en el ejercicio de su encargo jurisdiccional dentro de la justicia cotidiana.

Del 20 al 23 de junio se reflexionará en el desarrollo de este seminario sobre los principios y la nueva estructura del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la tramitación de los juicios familiares, el procedimientos de los juicios civiles orales, además de la justicia digital y los medios de impugnación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Con este tipo de emprendimientos compartidos entre instituciones se asegura la puntual difusión de las reformas y modificaciones que se llevan a cabo en el marco normativo a nivel nacional, para el mejor desempeño de toda la comunidad jurídica, desde los estudiantes, el ejercicio libre de la profesión y los impartidores de justicia como responsables de decir el derecho, para garantizar el efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita de todas y todos.